Los demócratas arrasan en ambas cámaras: la lista de poderes en la era del gobierno dividido y la ruta de contraataque de Trump

1. La plataforma demócrata: la «asequibilidad» como eje

El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Jeffries, ha trazado cuatro asuntos con «consenso de todo el partido»: revertir los recortes a Medicaid de la «ley grande y hermosa»; restablecer los subsidios a las primas del Obamacare (ACA), ya vencidos; recuperar la autoridad del Congreso sobre los aranceles; y poner fin a la guerra en Oriente Medio. En torno a estos cuatro asuntos, el partido ha creado cinco grupos de trabajo: vivienda, salud, cuidados, gas y servicios públicos, y alimentos, todos apuntando al coste de la vida, lo que más duele a los votantes. Las encuestas a pie de urna muestran que alrededor de la mitad de los votantes vieron estas elecciones como un rechazo al presidente; según Nikkei, los motores de la victoria fueron la inflación, los aranceles, los centros de datos de inteligencia artificial y la guerra con Irán.

La salud es el primer contenido de la agenda. Un borrador de agenda de 84 páginas del partido propone: abolir el requisito de trabajo de Medicaid (los adultos no embarazadas de 19 a 64 años deben trabajar, hacer servicio comunitario o estudiar al menos 80 horas al mes; se aplicará en la mayoría de los estados a partir del 1 de enero de 2027, y los recortes entrarán en vigor de forma escalonada a partir de diciembre de 2026); restablecer los subsidios de la ACA: tras su vencimiento, la afiliación al mercado de seguros de salud ha caído de 21,8 millones en el mismo periodo del año pasado a 19,2 millones, el deducible medio ha subido un 37 % en un año, más de 1.000 dólares, las primas han subido un 58 % este año y las aseguradoras piden para 2027 una subida mediana adicional del 15 %; limitar el gasto total en salud de las familias a menos del 8 % de sus ingresos; dividir gigantes de salud verticalmente integrados como UnitedHealth y CVS; ampliar el fondo de salud rural, duplicar la financiación de los centros comunitarios de salud y liquidar la deuda médica; y proteger el derecho al aborto. Restablecer los subsidios de forma permanente costaría unos 350.000 millones de dólares en diez años, una cifra que también el propio Partido Demócrata debe sopesar.

En materia fiscal, los demócratas no tienen un plan unificado. La versión más concreta viene del senador Booker y su Ley Keep Your Pay: la deducción estándar subiría a 37.500 dólares para solteros, 56.250 para cabezas de familia y 75.000 para casados; el crédito fiscal por hijo subiría a 4.320 dólares para menores de 6 años y 3.600 dólares de 6 a 17 años, con un «bono por bebé» adicional de 2.400 dólares en el año del nacimiento; a cambio, los dos tipos impositivos más altos pasarían del 35 % y el 37 % al 41 % y el 43 %, y se elevarían el impuesto de sociedades y el impuesto sobre la recompra de acciones, aunque las nuevas tasas aún no tienen cifras concretas. La Cámara de Representantes ya aprobó en enero de este año una prórroga de tres años de los subsidios de la ACA; el Senado es el siguiente obstáculo.

Los límites son igualmente importantes: el Medicare para todos no avanzará en el próximo Congreso; los fondos fiduciarios de la Seguridad Social y de Medicare se agotarán previsiblemente a principios de la década de 2030, pero el año próximo no habrá un plan serio para repararlos; elevar el tope de la cotización a la Seguridad Social es una dirección de consenso, no un calendario legislativo. Dicho de otro modo, la plataforma demócrata es «reparar y subsidiar», no «reconstruir».

2. El impacto: donde la plataforma no se convierte en ley está la verdadera cadena de transmisión

En lo fiscal, el gobierno dividido significa que no habrá nuevas leyes de recortes fiscales ni de gasto a gran escala, la senda del déficit queda básicamente fijada en el statu quo, y las variables de los tipos de interés y del dólar no están en la legislación, sino en la ventana de negociación del gasto y del límite de deuda: las leyes «que hay que aprobar» son la única ficha dura de los demócratas y también el escenario de una repetición del juego del cierre del gobierno. El pasado otoño, los demócratas cerraron el gobierno durante 43 días por los subsidios de la ACA, lo que muestra que usarán esa ficha.

Los aranceles son el frente que más merece atención bajo el gobierno dividido. El 20 de febrero de 2026, el Tribunal Supremo dictaminó por 6 a 3 en el caso Learning Resources v. Trump que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no autoriza al presidente a imponer aranceles, y unos 166.000 millones de dólares en aranceles ya cobrados están siendo devueltos. Pero esto no ha terminado la guerra arancelaria, solo ha cambiado la base legal: se mantienen los aranceles de las secciones 232 y 301, después se anunció un arancel global del 10 % bajo la sección 122, y el arancel del 50 % de la sección 338 sobre productos canadienses entró en vigor el 22 de agosto de 2026. El Congreso demócrata quiere legislar para recuperar o estrechar estas facultades arancelarias, pero cualquier proyecto de ley chocará con el veto. Así, la incertidumbre arancelaria no desaparecerá, solo pasará del debate en el Congreso al tira y afloja de las órdenes ejecutivas y los tribunales. Según se ha revelado, la Casa Blanca ya prepara nuevos aranceles: sobre minerales críticos y aerogeneradores.

Por sectores, la transmisión es divergente. El sector de la salud se beneficia directamente de las expectativas de restablecimiento de los subsidios y de reversión de los recortes; la energía limpia tiene por un lado la expectativa de recuperación de los proyectos de la Ley de Reducción de la Inflación y por otro el efecto negativo de los nuevos aranceles a los aerogeneradores, que se compensan entre sí; la regulación tecnológica se intensifica: los centros de datos de inteligencia artificial ya son una fuente de descontento de los votantes, y la regulación antimonopolio y de la inteligencia artificial se amplificará a través de las audiencias; el espacio y las empresas vinculadas a Musk serán el foco de las investigaciones: los contratos gubernamentales de SpaceX y la regulación de la conducción autónoma de Tesla están dentro del alcance del poder de citación; los criptoactivos son la excepción: las stablecoins son un consenso bipartidista, la Ley GENIUS (GENIUS Act) ya es ley, las normas de la Oficina del Contralor de la Moneda ya se han publicado y entrarán en vigor el 18 de enero de 2027, y los demócratas no la derogarán aunque ganen la Cámara de Representantes; la ley de estructura de mercado, la Ley CLARITY (CLARITY Act), ya fue aprobada en la Cámara por 294 votos a 134 y quedó bloqueada en la votación de procedimiento del Senado por 49 a 50, y con un Senado demócrata podría resucitar en una versión con mayor protección al consumidor; el coste de la vivienda es un tema del que hablan ambos partidos, y las medidas administrativas sobre vivienda y costes de construcción ya están sobre la mesa de la Casa Blanca.

La lógica de la volatilidad del dólar y de la deuda estadounidense también ha cambiado. La vieja experiencia de Wall Street es que el gobierno dividido equivale a «ninguna sorpresa», pero esta vez el campo de batalla principal no está en el procedimiento legislativo, sino en el poder ejecutivo: el veto, las órdenes ejecutivas, los aranceles y la diplomacia no necesitan una votación del Congreso, así que la volatilidad no desaparecerá por el gobierno dividido. La variable del petróleo es la guerra: los demócratas quieren poner fin a la guerra, pero cortar la financiación también tropieza con el veto, y la prima de riesgo de guerra tardará en disiparse a corto plazo.

3. El pronóstico: qué hará Trump a continuación

A corto plazo, mirando la sesión del «pato cojo»: el Congreso actual permanecerá hasta la investidura del nuevo Congreso el 3 de enero de 2027. La Casa Blanca no está en absoluto desprevenida: según reveló Reuters, el subjefe de gabinete Miller, el director de Presupuesto Vought y el asesor jurídico de la Casa Blanca Scharf llevan desde abril preparando una lista de gobierno «sin necesidad del Congreso», estudiando tres cosas: qué puede hacer legalmente el presidente por su cuenta, en qué puntos puede empujar hacia fuera los límites de su autoridad y cómo defender esas decisiones ante los tribunales. Sobre la mesa hay aranceles a los minerales críticos y a los aerogeneradores, un endurecimiento de los visados para estudiantes internacionales y trabajadores temporales extranjeros, y medidas sobre vivienda y costes de construcción. El propio Trump dio el guion de la primera fase: «Supongo que me convertiré en el señor Veto»: primero vetar durante un mes o dos y después negociar. En este mandato solo ha vetado 2 proyectos de ley, frente a 10 en su primer mandato, así que la intensidad del uso del veto aún tiene mucho margen para aumentar.

A medio plazo, mirando 2027: primero, la guerra de investigaciones. El poder de citación de los comités demócratas no lo detiene ninguna orden ejecutiva: las audiencias, las solicitudes de documentos y las investigaciones sobre el gobierno de Trump, su familia y sus aliados serán cotidianas; la Casa Blanca responderá con el privilegio ejecutivo y los dictámenes jurídicos del Departamento de Justicia, y el tira y afloja llegará a los tribunales. Segundo, la guerra de nominaciones. El Senado demócrata puede bloquear las nominaciones de Trump, incluida una eventual vacante en el Tribunal Supremo, uno de los poderes más duros de la mayoría del Senado. Tercero, el gasto y el límite de deuda. Los demócratas introducirán los subsidios de la ACA y los límites a la autoridad arancelaria en las leyes «que hay que aprobar», y Trump amenazará con el veto, con lo que el guion del cierre del gobierno podría repetirse. Cuarto, el juicio político (impeachment). Dentro del partido ya hay voces a favor del impeachment y Jeffries no lo ha descartado, pero la destitución exige 67 votos en el Senado, muy lejos del alcance demócrata: el efecto real del impeachment es la investigación y la narrativa para 2028, no expulsar a nadie del cargo.

La diplomacia es el terreno más libre para Trump. El mando supremo y la potestad diplomática no necesitan una votación del Congreso; las resoluciones de poderes de guerra que el Congreso impulsó antes no lograron poner fin a la guerra, y cortar la financiación también se enfrenta al veto. Un presidente en sus dos últimos años de mandato, sin un tercer mandato por el que competir, suele sentir el impulso de dejar un legado diplomático: el rumbo de la guerra con Irán y cualquier acción más allá de la guerra no se decidirán por votación del Congreso.

La configuración para 2028 ya ha empezado. La Constitución prohíbe a Trump buscar un tercer mandato, así que su papel pasará de candidato a hacedor de reyes: el vicepresidente Vance es el sucesor natural y la maquinaria de mítines no se detendrá. Las ideas que antes de las elecciones se contuvieron por la campaña —políticas de inmigración y visados más duras, nuevos aranceles, intervención en los costes de vivienda— han perdido su freno tras las elecciones, y el orden en que se liberen dependerá antes de la lista que la Casa Blanca prepara desde abril que de la agenda del Congreso.

4. Variables: qué puede cambiar la fuerza de este pronóstico

Dejemos primero clara la premisa: el control de ambas cámaras está decidido y no cambiará por los escaños pendientes ni por las declaraciones de Trump. Los demócratas de la Cámara de Representantes ya han obtenido al menos 220 escaños, superando el umbral de 218, y Associated Press ya ha declarado formalmente el control de la Cámara; el bloque demócrata del Senado ya alcanza 53 escaños, y con el escaño de Iowa, que dio el escaño número 51, la mayoría quedó asegurada. Lo que realmente puede cambiar la fuerza de este pronóstico son cinco variables. Primera, el tamaño de la mayoría final: el tamaño final de la Cámara se estima, según distintos medios, entre 235 y 255 escaños y sigue moviéndose con el escrutinio; cuanto mayor sea la mayoría, mayor será el margen de maniobra de Jeffries entre moderados y progresistas; los escaños pendientes del Senado solo deciden si la mayoría es de 53 escaños o más. Segunda, las futuras sentencias del Tribunal Supremo sobre el poder ejecutivo: el caso IEEPA es solo la primera ficha del dominó. Tercera, las fechas límite del gasto y del límite de deuda, la ventana en que se materializa la ficha demócrata. Cuarta, el rumbo de la guerra. Quinta, el grado de unidad interna demócrata: cuanto menor sea la mayoría, mayor será el poder de negociación de cada legislador y más fácil será que la agenda se diluya en las divisiones internas del partido.